Vidas desplazadas

LECTURAS | Vidas desplazadas, de Ana Mercedes Saiz Valenzuela

Este libro analiza las diversas causas, históricas y sociales, de la migración e intenta concientizar sobre la necesidad de permitir el libre tránsito de las personas que, en busca de una mejor calidad de vida, deciden dejar atrás sus países de origen.

Ciudad de México, 13 de febrero (MaremotoM).- Con esta obra se presenta un mosaico que ayuda a esclarecer la dinámica migratoria  partiendo de una visión global, enfatizando la dinámica regional y poniendo el reflector sobre México como país de origen, tránsito, destino y retorno.

Los artículos que integran el libro analizan cuestiones específicas que brindan una radiografía de las fallas y oportunidades que tiene nuestro sistema de gestión de los movimientos de población  y que impactan en los aspectos más cotidianos y básicos de la vida de las personas migrantes y refugiadas. A partir de estos textos podemos comprender que las políticas migratorias no obedecen a la realidad de un mundo globalizado ni a las necesidades de los mercados laborales o a la economía, ni tampoco a la realidad demográfica del Norte Global.

Se contraponen, incluso, al sentido común, y se basan en el miedo, la discriminación y los prejuicios. Así, esta obra es una oportunidad para mirar de manera diferente las migraciones, que deben ser gestionadas de una manera más humana y aprovechadas como motor de desarrollo.

La coordinadora es Ana Mercedes Saiz Valenzuela y acá un adelanto del libro con autorización de Debate.

La migración ha estado siempre presente en la evolución y el desarrollo de la humanidad. Es tan habitual que nos pasa desapercibida. Basta pensar en las migraciones que poblaron al mundo hace 60,000 años desde África o en las que surgieron por razones coloniales, y en los imperios que se enriquecieron expandiéndose a territorios lejanos, como el chino, el griego y el romano.

Migrar para encontrar mejores tierras, para huir de la guerra; el desplazamiento de pueblos enteros, como el judío, o el movimiento forzado de millones de personas esclavizadas hacia Europa y América demuestran que la migración siempre ha acompañado a las transformaciones sociales. Los movimientos generados a partir de la Segunda Guerra Mundial han determinado nuestra realidad geopolítica actual, y como consecuencia el derecho a solicitar y recibir asilo se ha formalizado en distintos instrumentos internacionales.

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que en 2020 las personas que migraron lo hicieron mayormente dentro de su mismo país y que, en ese entonces, había alrededor de 281 millones de migrantes internacionales en nuestro planeta, lo que representa 3.6% de la población mundial (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021). No podemos dejar de considerar los efectos que la pandemia por covid-19 tuvo en la migración mundial, ya que, si bien provocó una disminución en la cantidad de migrantes internacionales con respecto al año anterior, también se dieron importantes desplazamientos forzados por las condiciones políticas, económicas y climáticas, como los acaecidos en Siria, Yemen, la República Democrática del Congo, Venezuela, Afganistán y Haití (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021: 2).

De las personas migrantes que se registraron en el informe de la OIM, 48% eran mujeres, a diferencia del 49% que se registró en 2020 antes de la pandemia; y la cifra de niños y niñas también disminuyó de 16 a 14.6%, respectivamente, en el mismo periodo. En el informe también se estima que ese año la cantidad de trabajadores migrantes llegó a 169 millones (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021: 11); aunque hay que tomar en consideración que generalmente las razones para migrar son múltiples y no se limitan al aspecto económico.

Es frecuente que al conversar con las personas migrantes internacionales la primera razón que aducen para migrar sea la económica; mencionan que viajan para conseguir un mejor trabajo y mejorar sus ingresos, pero al indagar un poco más salen a relucir múltiples factores, como la pobreza extrema, la violencia, el cambio climático, un desastre natural o bien una amenaza a la vida o a la integridad física por un grupo delincuencial o incluso la falta de acceso a la salud.

Justamente con la intención de lograr un gran acuerdo global para enfrentar este reto de manera conjunta, en 2018 se dieron cita en Marruecos representantes de las distintas naciones integrantes de la ONU. Un año antes, Louise Arbour, quien había sido alta comisionada para los Derechos Humanos, fue nombrada representante especial para la migración internacional con el encargo de dar seguimiento a los acuerdos logrados apenas dos años antes en la histórica Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (ONU, 2016).

México tuvo un papel importante en las negociaciones; fue incluso facilitador junto con Suiza; y, finalmente, con el acuerdo de 192 países, se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular el 13 de julio de 2018. Marcelo Ebrard, nombrado canciller del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, acudió a Marruecos a suscribirlo.

A pesar de las mejores intenciones de este acuerdo, y escudado detrás de los calificativos del propio pacto —migración segura, ordenada y regular—, el gobierno de México, en coordinación con el de Estados Unidos, ha implementado una política migratoria cruel, contraria a nuestras leyes y a distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Más allá del título, vale la pena desmenuzar un poco el contenido del mencionado pacto. Se trata de un acuerdo internacional que busca cumplir con el objetivo 10.7 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (ONU, s. f.). Este acuerdo amplio, del que México fue impulsor, facilitador y el primer país firmante, se aprobó en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU con una votación de 152 países a favor, 5 en contra y 12 abstenciones, y busca proteger la seguridad, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, así como aprovechar los beneficios de la migración.

La entonces presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, señaló que la aplicación de las recomendaciones del pacto es clave para que no sucedan tragedias como la de Óscar y Valeria, que perdieron la vida tratando de cruzar el río Bravo; y recordó a los países firmantes que las personas migrantes son seres humanos a quienes se les deben respetar sus derechos (Noticias ONU, 2019, 27 de junio). Resulta paradójico que se haya tomado como referencia de la suscripción de ese pacto un hecho descorazonador, plasmado para siempre en una imagen imposible de borrar de la mente de quien la haya visto: el pequeño cuerpo de una niña ahogada junto a su padre, metida en su playera, justo a unos metros de alcanzar la frontera que los separaba del sueño americano (Sánchez Olmos, 2019, 26 de junio).

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular tiene una visión centrada en las personas, promueve el bienestar de las personas migrantes y los miembros de las comunidades de origen, tránsito y destino. Consta de 23 objetivos y compromisos y de un mecanismo de seguimiento y examen.

En cuanto a la visión, reconoce que la migración genera prosperidad, innovación y desarrollo sostenible; también que es un rasgo distintivo del mundo globalizado. Establece que debemos garantizar que las personas migrantes estén plenamente informadas de sus derechos y opciones de migración regular y segura, y brindar a todas las personas información objetiva sobre los beneficios y desafíos de la migración para contrarrestar las percepciones negativas de las personas migrantes.

El pacto reconoce que “la migración nunca debería ser fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debemos cooperar para responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir los desafíos correspondientes” (ONU, 2018: 4).

En cuanto a los objetivos, mencionaré brevemente algunos:

El objetivo 3 señala que se debe proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. Para cumplirlo, entre otras medidas, se debe informar y guiar a los migrantes recién llegados, y ofrecer orientación jurídica específica sobre vías de regularización y acceso a la justicia para denunciar violaciones a sus derechos; ambas medidas, claro, asequibles para la niñez y con perspectiva de género.

El objetivo 5 establece que los Estados firmantes deberán aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración. Se propone elaborar o aprovechar prácticas que permitan la admisión y una estancia de duración apropiada por razones humanitarias para migrantes que se vean obligados a abandonar su país mediante visados humanitarios.

El objetivo 13 dispone que la detención de migrantes se debe utilizar solo como último recurso e insta a buscar otras alternativas. Los países firmantes se comprometieron a velar por que las personas migrantes no sean detenidas arbitrariamente y por que cuenten con acceso a asistencia jurídica gratuita, tengan información sobre los motivos de la detención y se les respete su derecho a comunicarse con sus representantes legales y sus familiares. En este punto resulta importante hacer notar que las autoridades encargadas de administrar los centros de detención deben actuar de manera compatible con los derechos humanos y la no discriminación; asimismo, deben rendir cuentas de las violaciones y abusos que cometan. En este sentido, se deben respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, y asegurar la disponibilidad de alternativas viables a la detención, sin privarlos de la libertad.

El objetivo 17 señala que se deben eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Los países se comprometieron a eliminar todas las formas de discriminación y las manifestaciones de racismo y xenofobia. También existe un compromiso para empoderar a las personas migrantes y a sus comunidades con el fin de que denuncien cualquier acto de incitación a la violencia contra ellas, informándoles de los mecanismos disponibles para defenderse y denunciar los delitos cometidos en su contra, respetar su libertad de expresión y establecer mecanismos para prevenir y detectar la utilización de perfiles raciales, étnicos y religiosos de los migrantes por las autoridades públicas.

En realidad se trata de una buena hoja de ruta, pero, como hemos podido constatar con tragedias como las de los tráileres en Chiapa de Corzo, Chiapas, y San Antonio, Texas, en las que perdieron la vida cientos de migrantes, y ahora con la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez operada por el Instituto Nacional de Migración, queda claro que aún estamos muy lejos de cumplir con los objetivos del pacto.

Desde la sociedad civil organizada, en los últimos años se ha documentado que no hay esfuerzos para informar, que se agrede y reprime a las personas que entran a nuestro país, que no hay acceso a vías de regularización ni suficientes visados por razones humanitarias. Durante 2019 se detuvo en estaciones migratorias a más de 180,000 personas, de las cuales 10,000 eran niños, niñas y adolescentes. Se han denunciado distintas formas de perfilamiento racial y discriminación por parte de las autoridades migratorias. Existe una práctica sistemática de deportaciones exprés sin respetar el debido proceso, el derecho al asilo y sin verificar si la vida de estas personas devueltas corre peligro al ser regresadas a sus países de origen.

Según el propio pacto, los avances en el cumplimiento e implementación serán evaluados mediante exámenes periódicos y se presentarán en el Foro de Examen de la Migración Internacional de la ONU, en donde México tendrá que explicar las acciones emprendidas, y seguramente no recibirá los mismos aplausos que en su momento ofreció el presidente Donald Trump desde nuestro vecino país.

No se puede negar que la situación es compleja. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, la visión para abordar la migración cambió: se volvió un asunto de seguridad nacional. Con la justificación de proteger de amenazas externas, las fronteras se convirtieron en zonas en las que se despliega todo el poder de un Estado.

Cuando se tiene la fortuna de poder cruzar una frontera internacional con documentos, se acepta el riesgo de sufrir cualquier tipo de humillación; utilizo el término fortuna porque hoy cruzar una frontera legalmente es un privilegio de muy pocas personas. Existe un entendimiento común: estar sometidos a un poder superior que nos puede imponer todo tipo de instrucciones y hacer una amplia serie de cuestionamientos, como “¿Cuánto dinero tiene?”, “¿Por qué le gusta hacer tal cosa?”, “¿Qué tipo de relación tiene con la persona a la que visita?”, “Quítese los zapatos”, “¿Qué trae debajo de la camisa?”, “Abra su maleta y desenrolle su ropa interior”.

A pesar de someternos a humillaciones verbales o físicas, nos pueden rechazar habiendo pagado un vuelo y un hotel. Estamos dispuestos a ceder datos biométricos, información confidencial e incluso la dignidad con tal de satisfacer la curiosidad de conocer un lugar, cerrar un negocio, aprender algo nuevo o visitar a una persona querida.

La desproporción de ese poder superior la explica Nanjala Nyabola, una escritora de Kenia que considera que en una frontera se despliega el máximo poder de un país. Un inmenso poder frente a las personas, muchas veces frente a las más desprotegidas y necesitadas. Ella ha hecho el ejercicio de situarse en ese lugar y ha transmitido lo que se siente incluso siendo privilegiada (Nyabola, 2020).

Tratando de seguir sus argumentos, imagino que voy en un tráiler de metal que parece un sarcófago, sin agua, con mis tres hijos apretados contra mí; que me subí a ese tráiler porque a mi marido lo mataron y estoy aterrada. Mi casa es peor que este infierno, por eso resisto la sed, el calor y el miedo que les tengo a los que nos llevan. Les entregué todo lo que teníamos a quienes nos transportan, incluso prometí seguirles pagando una vez que consiga trabajo. No sé muy bien a dónde vamos a llegar, pero por lo menos tengo la esperanza de llegar, pronto, a un lugar mejor que mi casa, porque, como dice Nanjala citando el poema de Warsan Shire, “mi casa es una boca de tiburón”.

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Al ver rostros, saber nombres y conocer las historias entendemos la situación de una manera diferente. Las personas que mueren tratando de cruzar la frontera van saliendo de una “boca de tiburón” que puede ser la violencia, el miedo, la desesperación, la desesperanza o la enfermedad.

Al llegar a una frontera se siente ese despliegue de poder desproporcionado que se impone sobre estas necesidades. Las personas saben que es imposible obtener una visa, a veces incluso un pasaporte. Están obligadas a esquivar escondidas esas fronteras, pagando sumas millonarias a delincuentes, y seguro en sus cálculos no solo vale la pena, sino que es la única opción.

La realidad es que la mayoría de las personas pobres no tienen la posibilidad de obtener una visa o un permiso de trabajo. Las personas refugiadas se enfrentan a sistemas de asilo desbordados y paralizados que funcionan como muros burocráticos. Y no solo sucede en esta región; desafortunadamente es la realidad entre el Sur y el Norte globales: como ejemplo basta ver lo que sucede en Marruecos, Turquía y Libia (Saiz, 2022, 9 de julio).

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu­giados (ACNUR), hay 89.3 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, de las cuales 53.2 millones se encuentran dentro de su mismo país. La mayoría de las personas que cruzan una frontera internacional para poner a salvo su vida, su salud o su integridad se encuentran en un país vecino y 83% de ellas son acogidas en países de renta media y baja; los países que más reciben personas desplazadas internacionalmente son Turquía, Colombia, Uganda y Pakistán (ACNUR, 2021).

En América, el desplazamiento forzoso ha impactado a muchas personas desde hace décadas. Los exilios latinoamericano y centroamericano que iniciaron en la década de los cincuenta obligaron a salir de sus países en busca de asilo a personas que huyeron de las dictaduras en Guatemala, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Pero, sin duda, el desplazamiento que han sufrido las personas venezolanas ha sido de una magnitud nunca antes vista en este continente. Desde 2018 se ha registrado un aumento sostenido que no ha parado, y hasta el mes de marzo de 2023 se registraban más de 7.2 millones de personas que habían salido de Venezuela, la gran mayoría hacia Colombia y Brasil, 2.4 y 1.5 millones, respectivamente (R4V, 2023, 28 de marzo).

Vidas desplazadas
Las estadísticas de la migración. Foto: Cortesía

Para las personas oriundas de Venezuela, como para muchas personas desplazadas o migrantes por razones económicas de este continente, e incluso de otros lugares lejanos, llegar a Estados Unidos sigue siendo una aspiración. Para algunas lo es por razones de unidad familiar; para otras por ser una de las economías más fuertes del mundo o simplemente porque ha sido considerado por décadas como la tierra de las oportunidades.

Por lo anterior, el papel que desempeña México, de manera voluntaria u obligado por Estados Unidos, es el de país tapón, muro vertical o filtro migratorio. Si bien la migración en nuestra región ha sido una constante, podemos afirmar que las condiciones han cambiado en los últimos 20 años. Un parteaguas fue el Plan Frontera Sur, acordado por México y Estados Unidos a partir de 2015. Durante su implementación, por primera vez se invirtieron las cifras y México deportó más personas que Estados Unidos (Frank-Vitale, 2023).

A partir de ese hecho notorio hemos visto claramente cómo la frontera de los Estados Unidos se ha externalizado y México funciona como una barrera para muchas personas que buscan llegar a aquel país. Estos viajes nunca fueron sencillos, pero sin duda se han complejizado enormemente y la migración circular que existía entre ambas naciones se interrumpió.

México se concebía como un país de migrantes. Esta es la imagen icónica que hasta ahora sigue repitiendo el presidente López Obrador en la mañanera haciendo referencia a esos héroes nacionales, los migrantes que mandan remesas aportando de manera importante tanto a la economía nacional como a la de miles de familias que dependen de ellas para sobrevivir o, en el mejor de los casos, para no caer en la pobreza (Li Ng, 2021, 2 de febrero). De acuerdo con lo que dijo el propio presidente el 9 de noviembre de 2021, fueron 40,600 millones de dólares para 10 millones de familias (Gobierno de México, s. f.).

Paradójicamente, aunque los migrantes mexicanos en Estados Unidos son héroes que merecen consideración, admiración y respeto, las personas migrantes en México son discriminadas, maltratadas y están expuestas a múltiples vejaciones y violencias. Muchas de ellas huyen de contextos violentos y buscando protección encuentran en México más riesgos. Basta recordar el secuestro masivo de personas reportado a principios de abril de 2023, del cual las autoridades dan cuenta de una centena de personas migrantes mexicanas e internacionales privadas de la libertad en San Luis Potosí, México (Infobae, 2023, 7 de abril).

Esta situación no es novedosa: ya había sido documentada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2011 en un informe especial (CNDH, 2011), así como en el informe Sin salida de la organización internacional Médicos Sin Fronteras publicado en 2020 (MSF, 2020).

Desde 2011, en la Constitución mexicana se reconoce el asilo como un derecho humano. Cabe resaltar que la Declaración de Cartagena, cuyos preceptos se encuentran incorporados a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, reconoce la necesidad de protección internacional a aquellas personas que se encuentren huyendo de situaciones de violaciones generalizadas a los derechos humanos, como es el caso de Venezuela.

Por esta circunstancia es que las personas se ven obligadas a hacer viajes peligrosos y casi imposibles de creer, como cruzar por la selva del Darién, poniendo en peligro su salud e integridad por salvar la vida. Es así como recientemente han tenido que llegar las personas venezolanas a nuestro país. Es tan clara la necesidad de protección internacional que la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registra una tasa de reconocimiento de 94% para personas de esa nacionalidad.

Además de lo anterior, es importante destacar que una persona indocumentada en México padece múltiples violencias, las cuales han sido ampliamente registradas en distintos informes de la CNDH, el relator especial de los derechos de las personas migrantes y sus familias de la ONU, el ACNUR y la OIM. Las situaciones que atraviesan van desde la extorsión y los secuestros (CNDH, 2011) hasta la discriminación constante al tratar de hacer efectivos sus derechos humanos, como la salud, la vida libre de violencia, el trabajo, la educación y muchas veces la libertad.

La política migratoria en México se caracteriza por la violencia institucional. Hay una práctica constante del Instituto Nacional de Migración por detener y deportar a las personas sin respetar sus derechos. Desbordan casos documentados de detenciones irregulares durante las cuales las personas migrantes son violentadas y extorsionadas, incluso cuando cuentan con algún documento válido y vigente.

Uno de los mecanismos de contención migratoria es la detención. En México existen más de 50 estaciones migratorias y estancias provisionales en las que se han documentado múltiples violaciones a los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ellas. Son frecuentes la incomunicación, la falta de alimentos o incluso la existencia de alimentos en descomposición; no hay suficiente agua ni para beber, no hay productos sanitarios y con frecuencia las personas son incomunicadas, se les impide hablar con sus seres queridos o consultar a un abogado. Es una situación permanente de riesgo. Las condiciones que prevalecen en las estaciones migratorias en México han llamado la atención de defensores de derechos humanos, de la CNDH y de las agencias internacionales y comités de la ONU (ONU, 2020, 23 de diciembre).

Las políticas migratorias que se ejecutan conjuntamente entre México y Estados Unidos, como la lista de espera o Metering, los llamados Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como Quédate en México, son inhumanas, crueles y despiadadas. Van en contra de los acuerdos internacionales firmados por ambos países, en contra de nuestras propias leyes y colocan a las personas ante múltiples peligros.

Durante la cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, la migración fue un punto central de la agenda. No parece haber sorpresas, pues vemos delineado el escenario entre nuestro país y el vecino del norte.

El presidente Biden calificó la situación como una crisis en su fron­tera sur y aceptó que el sistema de asilo está quebrado, y que, en tanto no haya posibilidades políticas y presupuestarias para cambiar la situación, continuará limitando la llegada de personas a su frontera sur con las medidas a su alcance. Así, se seguirá aplicando el Título 42, una vieja norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de las personas que crucen la frontera, y se ampliará el programa de procesamiento para personas venezolanas implementado apenas hace unos meses, ahora para personas haitianas, nicaragüenses y cubanas.

Las expectativas del plan para manejar los flujos migratorios parecen estar claras para Estados Unidos; saben a cuántas personas aceptarán: 30,000 al mes. Claro, condicionadas a que tengan un patrocinador y a que esperen su turno virtualmente desde donde se encuentren.

Sin embargo, de este lado las cosas se ven diferentes. Recibir a 30,000 personas por mes no será un reto distinto al que venimos enfrentando, pero sí será de mayores dimensiones. Este tipo de acuerdos que ya se aplicaba en varios puntos fronterizos y el acuerdo negociado para personas venezolanas y de otras nacionalidades reflejan el poco espacio que se deja para acceder al sistema de asilo.

No dudo que para muchas personas que buscan mejores oportunidades económicas y cumplen con la condición de contar con un patrocinador, tener recursos para viajar por avión, un pasaporte vigente y, sobre todo, tener tiempo, pueda ser una opción, pero estos acuerdos tratan a las personas refugiadas como si no estuvieran frente a situaciones de vida o muerte. Son como pedirle a alguien que espere pacientemente su turno para respirar estando debajo del agua. Ese no es el espíritu del derecho al asilo, ni lo que dicen las leyes de México ni las de Estados Unidos.

Vivimos en un mundo desigual y tenemos que aceptar que si se trata de desplazamientos forzosos, de personas sin opciones para sobrevivir en sus lugares de origen, este acuerdo bilateral no es la solución, y que al tener las vías regulares bloqueadas las personas seguirán recurriendo a los traficantes de personas e irremediablemente seguiremos viendo tragedias que cobran vidas.

Con el fin de tener una visión más integral y completa de las dimensiones, complejidades y retos que trae la movilidad humana, se reúnen en esta obra expertas y expertos que comparten sus saberes acumulados por años para entender la migración abordando temas puntuales desde su experiencia profesional.

Con esta obra se presenta un mosaico que ayuda a esclarecer la dinámica migratoria partiendo de una visión global, enfatizando la dinámica regional y poniendo el reflector sobre México como país de origen, tránsito, destino y retorno. Los artículos que integran el libro analizan cuestiones específicas que brindan una radiografía de las fallas y oportunidades que tiene nuestro sistema de gestión de los movimientos de población y que impactan en los aspectos más cotidianos y básicos de la vida de las personas migrantes y refugiadas.

A partir de estos textos podemos comprender que las políticas migratorias no obedecen a la realidad de un mundo globalizado ni a las necesidades de los mercados laborales o a la economía, ni tampoco a la realidad demográfica del Norte Global. Se contraponen, incluso, al sentido común, y se basan en el miedo, la discriminación y los prejuicios. Así, esta obra es una oportunidad para mirar de manera diferente las migraciones, que deben ser gestionadas de una manera más humana y aprovechadas como motor de desarrollo.

Ana Mercedes Saiz Valenzuela
Ana Mercedes Saiz Valenzuela

Ana Mercedes Saiz Valenzuela  es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho Público por el University College London de la Universidad de Londres, Reino Unido. Fue asesora en el Consejo General del INE en los temas de discriminación y derechos humanos (2014-2017). Trabajó en el CONAPRED como directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, y tuvo a su cargo la realización y divulgación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2010). Ha sido profesora de asignatura de Derechos Humanos en el Curso Superior de Especialización en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue directora general de Sin Fronteras, IAP de 2019 a 2023. Es integrante del Consejo Asesor del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Actualmente es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

 

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