Perú

Perú se asoma al abismo

Estamos en el final de la conversación, una llamada por whatsapp que dura treinta minutos, y Nélida se acelera, la voz se le tiñe de bronca. “Hay más de sesenta muertos y el Congreso no se escandaliza. Y la verdad es que si sesenta muertos no son suficientes para levantar la bandera de la paz social, ya no sé qué más puede ocurrir”.

Ciudad de México, 20 de febrero (MaremotoM).- Una gran definición sobre lo que está pasando en Perú se puede leer en esta nota de Inés Santaeulalia: “Una presidenta que dice que no va a renunciar y le pide al Congreso que convoque elecciones adelantadas. Unos congresistas que aseguran que quieren ir a las urnas pero que tumban todos los proyectos para fijar una fecha. Unos manifestantes hartos de la desigualdad, de la pobreza, del racismo y que ya han puesto 58 víctimas de la represión policial. Unas fuerzas de seguridad con escasa formación, bajos salarios y pésimas condiciones laborales que reprimen las marchas cargados hasta los dientes de armas y sueño. Y un público, la ciudadanía, que ha ido pasando del humor, al drama, al enfado y la incredulidad hasta instalarse en el peor de los estados: la desesperanza”. El título, también elocuente, señala: Perú, un país en caída libre.

Ahora los muertos ya superan los sesenta, el Congreso volvió a ignorar las demandas para adelantar las elecciones, dejándolas para el próximo año, y las calles se han descomprimido, con muchos manifestantes del interior del país que regresan a sus casas con las manos vacías. Pero no todos. Algunos se han quedado en Lima, a la espera de nuevas movilizaciones. “Es retroceder un paso para dar dos hacia adelante. En los próximos días se anunciará una nueva convocatoria”, me dice Nélida Maquera, una periodista de la región de Puno, en el sur del país, que viajó a la capital para participar y relatar las protestas, compuestas mayormente por personas del interior. Allí sintió “la indiferencia del ciudadano limeño” y en algunos casos presenció enfrentamientos entre los propios civiles. “Como Puno le dio el respaldo a Castillo en las elecciones nos consideran comunistas y terroristas. Nos preguntan de dónde sacamos el dinero para estar acá, nos acusan de estar financiados por Evo Morales”.

Pero es bastante más simple. “Están vulnerando nuestros derechos. Las provincias exigen igualdad. Puno tiene recursos, tiene hidroeléctricas y sin embargo paga el costo de luz más caro que en la capital. ¿Por qué el limeño paga menos?”, dice Nélida. Puno y el resto de las provincias del sur concentran la actividad minera del país, que explican el 15% de su PBI. “¿Y qué nos da Lima? En Puno los ríos cambiaron de color, los animales están enfermos, la gente tiene metales pesados en el cuerpo, se están muriendo y el gobierno no hace nada. ¿Cómo no protestar?”.

Estamos en el final de la conversación, una llamada por whatsapp que dura treinta minutos, y Nélida se acelera, la voz se le tiñe de bronca. “Hay más de sesenta muertos y el Congreso no se escandaliza. Y la verdad es que si sesenta muertos no son suficientes para levantar la bandera de la paz social, ya no sé qué más puede ocurrir”.

Eso es lo otro: ya no se están muriendo. Los están matando.

El desborde

Recapitulemos. Hace más de dos meses que Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso por la fuerza. Frustrado, en una trama digna de un cuento (que contamos acá), fue destituido y encarcelado (y así se quedará por lo pronto un año más). Rápidamente se desataron protestas en el interior del país, especialmente en el sur, que votó mayoritariamente por el docente de origen rural. Los manifestantes pedían por su liberación y rechazaban la asunción de Dina Boluarte, la vicepresidenta que le había jurado lealtad a Castillo apenas unos días antes, cuando todavía se identificaba con el izquierdista Perú Libre, o al menos con alguna de sus tantas facciones. También pedían la renuncia del Congreso y el adelantamiento de elecciones.

Se sintieron traicionados por el giro de 180 grados que escenificó Boluarte, que se recostó en la derecha para formar su gabinete y sobrevivir al cargo. A cambio, el Congreso archivó una denuncia constitucional que había improvisado para correrla del medio ni bien asumiera. No hizo falta. Boluarte representa ahora al establishment limeño y esto incluye a los principales medios de comunicación, como el poderoso El Comercio. Las cosas volvieron a ser como antes. O casi, porque ya en las primeras semanas de protestas quedó claro que el malestar de los manifestantes, muchos de ellos campesinos del Perú profundo, desbordaba la defensa a Castillo, que dejó el cargo con altas tasas de desaprobación. Como me dijo uno de sus exfuncionarios: “Puede que Castillo no haya solucionado ninguno de sus problemas, pero los incorporó en el imaginario y los representó. Les dio una silla en la mesa del poder”.

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La rabia peruana. Foto: Cortesía

Los muertos comenzaron a apilarse casi en simultáneo y lejos de Lima, donde los manifestantes recién llegaron hace un par de semanas. Bajo el estado de emergencia decretado por Boluarte, policías y militares actuaron con “una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país”, como se lee en el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Allí se denuncian masacres en tres ciudades, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y detenciones arbitrarias. Los uniformados usaron armas de guerra y en muchos casos dispararon en la cabeza y en la espalda. El 15 de diciembre, en Ayacucho, las fuerzas de seguridad asesinaron a diez personas en un solo día. El relato oficial decía que los manifestantes murieron en el marco de un intento de toma del aeropuerto, mientras estaban siendo desalojados. Pero el portal de investigación IDL-Reporteros reconstruyó la trama y encontró que seis de los diez muertos fueron asesinados luego del desalojo. Los militares los persiguieron para fusilarlos.

A mediados de enero, la policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más emblemática de Perú, donde acampaba una multitud de manifestantes. Hubo cientos de desalojos y alrededor de 150 personas quedaron detenidas. “Fue un ingreso intempestivo, sin que hubiese ningún delito en flagrancia, sin mandato de un juez y sin un fiscal acompañando. Es la policía entrando con tanquetas y deteniendo a personas por delitos de usurpación. Se las llevaron a la cárcel y ni siquiera les entregaron actas”, me cuenta Julio Arbizu, un abogado que ha tomado varias causas de manifestantes detenidos. “Hay un discurso criminalizador de la protesta por parte del gobierno que es replicado por los medios. Básicamente, se ha instalado la idea de que el estado de emergencia suspende todos los derechos”.

Arbizu fue parte del equipo legal que defendió en la justicia el triunfo electoral de Castillo, luego de acusaciones de fraude de Keiko Fujimori, la candidata derrotada. Allí conoció a buena parte de Perú Libre, como la propia Dina Boluarte. “Me parece alucinante. Boluarte había sufrido todo lo que ahora está haciendo. Fue víctima del terruqueo y el racismo  y ahora es una aliada de las clases dominantes. No la reconozco”, me cuenta el abogado. Pero escuchándolo parece que nunca le tuvo mucha estima. “La señora es una mediocre. Toda su vida ha sido una funcionaria de tercer nivel”. Esto lo dice para afirmar que es el Primer Ministro, Alberto Otárola, el que lleva las riendas de un gabinete que obedece al establishment pero también, y cada vez más, a los militares. “Son ellos quienes ahora cortan el jamón”, dice Arbizu.

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Las protestas del Perú. Foto: Cortesía

Boluarte aclara que no va a renunciar, pero presiona al Congreso para adelantar las elecciones. Estas quedaron fijadas para abril de 2024, una fecha que todavía queda lejos y no ha contentado a los manifestantes. La presidenta respalda que se hagan este año, pero no tiene poder para imponer nada. También flaquea en el campo de las declaraciones. En un primer momento se mostró abierta al diálogo, dijo que respetaba las demandas sociales y alertaba a las fuerzas de seguridad sobre violaciones a los DDHH. Incluso hoy reconoce algunos “excesos” en la represión. Pero también acusa a los manifestantes de ser radicales, reflota el discurso del “narcoterrorismo” y advierte sobre la influencia de Evo Morales en la protesta. Se ha distanciado de las bases que apoyaban a Castillo de manera tajante. “Tenemos que proteger la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú”, dijo.

Félix Suasaca Suasaca también es de Puno, donde se destaca como un activista medioambiental. Entre otras cosas, es el secretario general de la Plataforma de afectados por metales pesados, una asociación que advierte sobre los efectos de la contaminación minera. “Es a costa de nosotros que tienen riqueza. La plata se va para Lima y nos dejan la contaminación, y encima nos discriminan: nos dicen terroristas”, me cuenta. “Pero Puno se ha levantado. Dijimos: basta de ser discriminados, basta de ser entreguistas. Nos quieren humillados y sumisos, pero ya no lo vamos a permitir”.

Luego de una semana protestando en Lima, Félix había regresado a su provincia. Acababa de cambiar de número, luego de sospechas de que el anterior podía haber estado intervenido. Ya había sido detenido en otras ocasiones. “Las mineras transnacionales entraron en las comunidades prometiendo desarrollo, salud y educación, pero no ha habido nada de eso y luego de treinta, cuarenta años de explotación solo nos han dejado contaminación y pobreza (Puno es de las regiones más pobres de Perú). Pero hemos abierto los ojos”, insistió. Respecto a cuándo fue que se produjo ese cambio de actitud, Félix no habla de la elección de Castillo sino de encuentros entre comunidades y activistas rurales, que se aceleraron en el último año.

Cuando le pregunté por su vínculo con partidos políticos su respuesta fue categórica: “No tenemos ninguno. Los partidos solamente se han guiado por intereses personales. Solo nos han hecho daño y por eso ya no los queremos. Tienen que desaparecer. Vamos a cuidar nosotros de nuestras regiones. Es el pueblo el que va a poner orden”.

La salida

Todas las encuestas muestran números parecidos. Más del 70% reprueba la gestión de Boluarte y más del 80% al Congreso. Hay una rotunda mayoría que quiere adelantar las elecciones para que se renueven el Ejecutivo y el Legislativo.

Sobre por qué el Congreso sigue empecinado en negar el mandato de las calles hay diferentes explicaciones. Además de los bloques conservadores que apoyan al actual Ejecutivo, hay congresistas de distintos colores políticos que defienden la permanencia por cuestiones económicas (quieren seguir cobrando su sueldo y temen por su posición a futuro) y judiciales. Saben, en cualquier caso, que esta es su última oportunidad de integrar la Cámara.

Sigrid Bazan, congresista de Juntos por el Perú, una coalición de fuerzas progresistas que defiende el adelanto electoral y el llamado a una asamblea constituyente, advierte sobre un panorama sombrío para todos los espacios. “Después de que se vaya Boluarte, ya sea renunciando o mediante una vacancia, debemos entrar en un proceso de recomposición de la clase política. Hay un deterioro muy grande”, me dice. Desde la izquierda observa que muchos partidos no tienen una inscripción electoral vigente y la oferta electoral actual es escasa.

En paralelo a la crisis de representación, se multiplican las voces que advierten sobre una “salida autoritaria”, capaz de encarnarse en un nuevo liderazgo o en un protagonismo aún mayor de los militares. No es un temor reciente. En 2019, cuando el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (lapop), de la Universidad Vanderbilt, preguntó por la tolerancia a los golpes de Estado ante casos de alta corrupción o alta inseguridad, más de la mitad de los peruanos se mostraron a favor en ambas categorías. Era el segundo país de la región con mayor apoyo, solo detrás de Jamaica. Hagan la prueba: pongan “Bukele Perú” en el buscador de Twitter y entren a scrollear. (Y, si tienen algo más de tiempo, prueben con “Bukele Ecuador” y así sucesivamente; Perú tendrá su peculiaridad, con una Constitución maldita para los presidentes, pero es una señal de alarma para toda la región. Allí donde confluyen la crisis de representación con problemas de seguridad, un fantasma caribeño empieza a recorrer América Latina).

A propósito de estudios de opinión, a fines de enero se publicó uno bien interesante del Instituto de Estudios Políticos (IEP). Por un lado, es notable la diferencia de percepciones entre Lima y el sur del país. En la capital hay mucho menos apoyo a las protestas y mayor respaldo a las fuerzas de seguridad, aunque en todo el país se registra distancia con los cortes de ruta y otras medidas de protesta. Pero el punto saliente es que, cuando se pregunta por la convocatoria a una asamblea constituyente, casi el 70% de los encuestados se muestra de acuerdo. Es un salto importante en poco tiempo, y confirma que la cuestión constituyente ya ha desbordado al campo de la izquierda.

Cuando le pregunté por este apartado a Patricia Zárate, la jefa de los estudios de opinión del IEP, lo destacó como una novedad, pero se mostró cautelosa. “Creo que la medida de la asamblea tiene que ver, más que con un cambio de texto, con el deseo de que aparezca un espacio para solucionar cosas, donde se escuche a todos, y que no tenga que ver con el Congreso. Aparece como un refugio”. No es lo único que resalta. Cuando en la encuesta se pregunta por el contenido de una nueva constitución, más del 70% se manifiesta a favor de reestablecer el servicio militar obligatorio. Un número similar registra la inclusión de la pena de muerte. “Hay una ola de conservadurismo”, dice Zárate. “Si hacemos una asamblea ahora va a salir un adefesio autoritario”.

Hay otra cosa preocupante. Zárate me cuenta que le cuesta ver una salida, pero resalta que “en términos económicos no estamos mal, las empresas siguen funcionando”. Business as usual. “Y la gente la verdad es que no está interesada en la política. Se conmueve con las escenas de represión, por ejemplo, pero puede vivir sin enterarse de las noticias”. Las noticias hablan de anuncios frustrados, de renuncias, destituciones, arrestos, masacres, traiciones, armas, de territorios ricos llenos de pobres, de gente que se traslada durante días para protestar en la capital, de vandalismo y cortes de ruta: una mamushka de intensidad. Y, sin embargo, hay una porción del país que antes que elegir la furia o la tristeza elige algo que a veces puede ser peor: la apatía.

Fuente: Cenital / Original aquí.

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